El Estado vuelve al capital de Telefónica 25 años después de su privatización

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha confirmado que está estudiando la posibilidad de comprar una participación accionarial en Telefónica, la mayor empresa de telecomunicaciones de España y una de las líderes mundiales del sector. La decisión se produce tras el anuncio de la compañía saudí STC Group, controlada por el fondo soberano del país árabe, de adquirir hasta un 9,9% del capital de Telefónica mediante un intercambio de acciones con su filial en Brasil.

La entrada del Estado español en Telefónica supondría un cambio histórico en el accionariado de la empresa, que fue privatizada en 1997 bajo el Gobierno del Partido Popular. Desde entonces, Telefónica ha afrontado diversos retos y oportunidades, como la expansión internacional, la transformación digital, la competencia en el mercado nacional y la gestión de su elevada deuda.

La SEPI ha señalado que su análisis exploratorio no implica que haya tomado una decisión definitiva sobre la compra de acciones de Telefónica, y que está monitorizando la situación de la empresa. No obstante, fuentes del Gobierno han indicado que el objetivo es proteger el carácter estratégico de Telefónica y equilibrar la presencia del capital saudí en su consejo de administración.

La operación requeriría el visto bueno del Consejo de Ministros, en virtud del llamado decreto antiopas, que permite al Ejecutivo intervenir en las inversiones extranjeras en sectores sensibles para la seguridad nacional y el orden público. El Gobierno aún no ha confirmado si STC Group ha solicitado ya la autorización para entrar en Telefónica, que tiene participación en actividades de defensa y ciberseguridad.

La posible inversión de la SEPI en Telefónica se produce una semana antes de que la compañía celebre su Día del Inversor, en el que su presidente, José María Álvarez-Pallete, presentará el nuevo plan estratégico para los próximos años. Se espera que el plan incluya medidas para impulsar el crecimiento orgánico, reducir la dependencia del mercado español, acelerar la digitalización y optimizar el balance financiero.

Telefónica cuenta con una capitalización bursátil de unos 20.500 millones de euros, lo que supone una caída del 60% desde 2016. La crisis del sector en España, debido a la fuerte competencia y la presión regulatoria, ha afectado al valor de la empresa, que también se ha visto afectada por la depreciación de las divisas latinoamericanas y la pandemia del coronavirus.

La entrada del Estado en Telefónica podría tener un impacto positivo en su cotización y en su reputación, al reforzar su solvencia y su compromiso con el interés público. Sin embargo, también podría generar dudas sobre su independencia y su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado. Asimismo, podría provocar reacciones adversas por parte de otros accionistas o competidores, tanto nacionales como internacionales.

La sepia comprará hasta un 10% lo que supondría unos 2000 millones de euros.

Telefónica, de empresa pública a multinacional privada

Telefónica es una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo, con presencia en más de 20 países y más de 300 millones de clientes. Sin embargo, su origen se remonta a 1924, cuando nació como una compañía filial de la estadounidense ITT, bajo el nombre de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE).

Durante el franquismo, la empresa fue nacionalizada en 1945, y se convirtió en un monopolio estatal que controlaba la red telefónica del país. Bajo la tutela del Estado, Telefónica creció y se modernizó, ampliando su infraestructura y sus servicios. En los años 70, creó Sintel, una filial dedicada al montaje de sistemas de telefonía, que llegó a tener presencia internacional.

Con la llegada de la democracia, Telefónica inició un proceso de apertura y liberalización del mercado, que culminó con su privatización total en 1999. El Estado vendió sus acciones a través de dos ofertas públicas en 1995 y 1999, bajo los gobiernos del PSOE y del PP respectivamente. La privatización supuso un cambio radical en el modelo de gestión y en la estrategia de la empresa, que pasó a estar dirigida por ejecutivos procedentes del mundo financiero y empresarial.

La nueva Telefónica se lanzó a la conquista del mercado global, aprovechando el auge de las nuevas tecnologías como internet y la telefonía móvil. La empresa se expandió por América Latina, Europa y Asia, adquiriendo otras compañías y participando en alianzas estratégicas. Al mismo tiempo, redujo su plantilla mediante sucesivos planes de prejubilaciones y externalizaciones, que afectaron especialmente a Sintel, que fue vendida en 1996 y posteriormente liquidada.

En la actualidad, Telefónica es una multinacional privada que compite con otros gigantes del sector como Vodafone, Orange o AT&T. Su valor bursátil ronda los 20.000 millones de euros, aunque ha sufrido una fuerte caída desde 2016 debido a la crisis del mercado español, la depreciación de las monedas latinoamericanas y el impacto de la pandemia del coronavirus. La empresa ha anunciado recientemente un plan estratégico para los próximos años, que incluye medidas para impulsar el crecimiento orgánico, reducir la dependencia del mercado español, acelerar la digitalización y optimizar el balance financiero.

La privatización de Telefónica ha sido objeto de debate y controversia desde su inicio. Algunos defienden que ha sido un éxito para la economía española, al generar ingresos para el Estado, activar el mercado bursátil y convertir a Telefónica en una empresa líder mundial. Otros critican que ha supuesto una pérdida de soberanía nacional, un deterioro del servicio público y una precarización laboral. Además, recientemente se ha generado una nueva polémica por el interés del grupo saudí STC Group en adquirir una participación accionarial en Telefónica, lo que ha llevado al Gobierno a estudiar la posibilidad de comprar acciones a través de la SEPI para proteger el carácter estratégico de la empresa.