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El 16 de abril de 2012, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF, la principal petrolera del país, que estaba en manos de la española Repsol. La medida, que fue aprobada por el Congreso el 7 de mayo de ese mismo año, generó una fuerte controversia tanto dentro como fuera del país, y desató una larga batalla legal que aún no ha terminado.
La expropiación se basó en el argumento de que Repsol no había invertido lo suficiente en la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de Argentina, y que había provocado una caída en la producción y un aumento en la dependencia energética del exterior. El gobierno de Fernández de Kirchner afirmó que se trataba de una cuestión de soberanía nacional y de recuperar el control de un recurso estratégico para el desarrollo.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada por Repsol, que reclamó una indemnización justa por el valor de su participación en YPF, y por otros accionistas minoritarios, que alegaron que el Estado argentino debió haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, según lo establecía el estatuto de la petrolera presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.
La disputa llegó a los tribunales internacionales, donde Argentina sufrió varios reveses. En 2014, un tribunal arbitral del Banco Mundial dictaminó que Argentina debía pagar a Repsol 5.000 millones de dólares por la expropiación. En 2015, Argentina llegó a un acuerdo con Repsol para saldar esa deuda con bonos soberanos. Sin embargo, ese acuerdo no incluyó a otros demandantes, como los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra Argentina e YPF a la empresa Petersen Energía, que era accionista de YPF en el momento de la expropiación y que luego quebró.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de esos fondos y determinó que Argentina debía pagarles 16.000 millones de dólares por la expropiación, lo que equivale a tres veces el valor actual de YPF. La jueza consideró que la fecha de toma de control efectiva fue el 16 de abril de 2012, cuando se anunció la medida, y no el 7 de mayo, cuando se sancionó la ley. Además, aplicó una tasa de interés punitorio del 9% anual desde esa fecha hasta el pago efectivo.
Argentina apeló ese fallo y propuso pagarle a los fondos 15.100 millones de dólares en bonos soberanos para evitar un embargo sobre los activos de YPF en Estados Unidos. Sin embargo, los fondos rechazaron esa oferta y pidieron que se ejecute el fallo cuanto antes. La disputa sigue abierta y podría tener graves consecuencias para las finanzas públicas y para el futuro energético del país sudamericano.
