En un movimiento que ha sacudido los cimientos del sector de las telecomunicaciones en España, el gobierno ha llevado a cabo lo que muchos han denominado un "asalto" a Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del país. Esta operación no solo ha tenido implicaciones económicas sino también políticas, marcando un hito en la relación entre el Estado y las empresas privadas.
El Inicio del Asalto
Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando el Gobierno español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anunció su intención de adquirir hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose así en uno de sus principales accionistas. Esta decisión se tomó en respuesta a la entrada del operador saudí STC en el accionariado de la compañía, lo que generó inquietud sobre la "españolidad" de Telefónica y su control en sectores sensibles como la defensa y la ciberseguridad.
Implicaciones Legales y Financieras
La operación no estuvo exenta de controversias. Expertos señalaron la "dudosa legalidad" de cómo se financió esta adquisición, especialmente sin un Presupuesto General del Estado aprobado para 2024. Se utilizó un fondo destinado a comunidades autónomas y entidades locales, lo que levantó críticas sobre la transparencia y la legalidad del procedimiento.
Reacciones del Mercado y Políticas
El mercado reaccionó de forma mixta. Mientras algunos vieron esta intervención como una protección de los intereses nacionales, otros la consideraron un paso hacia un mayor intervencionismo estatal en la economía. La CNMV, el supervisor bursátil español, mantuvo un silencio notable que algunos interpretaron como una señal de su complicidad o, al menos, su incapacidad para actuar.
Desde el ámbito político, las reacciones fueron polarizadas. Partidos de oposición como Vox denunciaron este movimiento como un "asalto" al capitalismo de mercado, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de intentar controlar empresas estratégicas para sus propios fines políticos.
Cambios en la Dirección
El asalto no se limitó a la adquisición de acciones; también incluyó cambios en la cúpula directiva de la compañía. José María Álvarez-Pallete, quien había liderado Telefónica durante casi nueve años, fue destituido. En su lugar, se nombró a Marc Murtra, hasta entonces presidente de Indra, una empresa en la que el gobierno también tiene una fuerte influencia. Este cambio fue visto como un esfuerzo del Gobierno para tener un control más directo sobre las decisiones estratégicas de Telefónica.
Impacto a Largo Plazo
A largo plazo, este movimiento podría redefinir el papel del Estado en la economía española, especialmente en sectores considerados estratégicos. La entrada del Gobierno en empresas como Telefónica plantea preguntas sobre la independencia empresarial en un mercado globalizado y sobre cómo se puede mantener la competitividad internacional al mismo tiempo que se protegen los intereses nacionales.
Además, este asalto podría servir de precedente para futuras intervenciones en otras compañías, especialmente si se considera la tendencia europea de aumentar la participación estatal en sectores clave como las telecomunicaciones, siguiendo ejemplos de países como Francia, Alemania e Italia
